6 de junio de 2026

Hubo un tiempo en el que el Ayuntamiento de Las Pedrosas apostó por algo poco habitual en la administración local, y más a un nivel tan pequeño: la soberanía tecnológica, el software libre y la independencia frente a las grandes multinacionales tecnológicas.

No era postureo ni una extravagancia “de informáticos”. Era una forma de entender cómo deben gestionarse los recursos públicos.

Desde hace muchos años he defendido el software libre. Participé en colectivos como GrULLA e Hispalinux, he trabajado siempre con sistemas Unix y mi ordenador personal lleva funcionando con Linux —principalmente Debian— desde hace muchísimo tiempo. Para mí no es una moda: es una filosofía basada en compartir conocimiento, aprovechar mejor los recursos y entender realmente la tecnología que utilizamos cada día.

Entre los años 2015 y 2023 trasladamos esa visión al Ayuntamiento. Se implantaron equipos con Ubuntu y durante años el funcionamiento fue perfectamente válido para un municipio pequeño como el nuestro. Se redujeron costes en licencias, se alargó la vida útil de ordenadores antiguos y se trabajó con sistemas estables y seguros.

Pero lo más importante no era ahorrar dinero.

Lo importante era la filosofía que había detrás.

El software libre permite saber cómo funciona aquello que utilizas. No dependes de una empresa que decide por ti qué puedes hacer, qué cambia en una actualización o qué información recoge tu sistema. El código está ahí, puede auditarse, revisarse y entenderse. No hay cajas negras ni procesos ocultos funcionando sin que nadie sepa exactamente qué hacen.

En cambio, el modelo de Windows y de muchas plataformas privativas es justo el contrario: sistemas cerrados, opacos y dependientes de fabricantes externos. Actualizaciones impuestas, telemetría difícil de controlar, servicios en la nube integrados por defecto y una dependencia constante de terceros para cualquier cambio o mantenimiento.

Y eso, en una administración pública, debería hacer reflexionar bastante.

Porque un ayuntamiento no debería funcionar como un cliente cautivo de grandes empresas tecnológicas. Debería tener el máximo control posible sobre sus herramientas, sus documentos y su infraestructura digital.

Durante años se demostró que otra forma de hacer las cosas era posible incluso en un pueblo pequeño. Con pocos recursos, pero con criterio. Sin grandes contratos, sin vender humo y sin necesitar estar cambiando equipos constantemente.

Sin embargo, también hubo quien decidió reducir todo aquello a burlas fáciles y desprecio. Recuerdo perfectamente cómo, en un pleno, una persona ajena al Ayuntamiento utilizó de forma despectiva la palabra “técnico” para intentar ridiculizarme. Como si entender cómo funcionan las cosas fuese algo negativo. Como si tener conocimientos, preocuparse por la tecnología pública o intentar hacer las cosas de otra manera fuese motivo de mofa.

Y eso dice mucho del problema de fondo que tenemos a veces como sociedad: se desprecia al que intenta aportar criterio, aprender o construir algo diferente, mientras se acepta con total normalidad la improvisación permanente y el “ya lo hará alguien”.

Lo irónico es que después quienes se burlaban de todo aquello acabaron impulsando precisamente el modelo más dependiente, más cerrado y más opaco posible. El de siempre. El fácil. El que entrega el control tecnológico a terceros y convierte cualquier cambio en una dependencia constante.

Con el tiempo todo aquello se desmontó. Se volvió a Windows, a la dependencia tecnológica y a meter servicios y configuraciones sin una visión clara de conjunto. Lo que se había construido con coherencia acabó desapareciendo entre inercias, ocurrencias y la falsa idea de que lo privativo es automáticamente más profesional.

Y quizá lo más triste no es abandonar Linux o el software libre. Lo triste es renunciar a la idea de que la tecnología pública también puede ser transparente, comprensible y autónoma.

Porque el software libre nunca fue solo “un sistema operativo”.

Era, es y será, una forma de hacer las cosas.

15 de diciembre de 2025

El silo de Las Pedrosas no es solo un edificio. Es parte de la historia reciente del pueblo y un ejemplo de patrimonio industrial ligado a la agricultura y a la vida económica y social de varias generaciones. Por eso, cualquier decisión sobre su futuro debería tomarse con cuidado, con transparencia y, sobre todo, contando con la gente.

Hace un tiempo se trabajó en un proyecto ambicioso para el silo. No fue una idea improvisada ni personal. Se realizaron reuniones, se recogieron aportaciones de vecinos y se buscó un enfoque que diera al edificio un uso útil para el pueblo, respetando su valor patrimonial y aprovechando la maquinaria existente, que forma parte inseparable del conjunto. Ese proyecto generó consenso y marcó una línea clara sobre qué se quería hacer y cómo.

Con el tiempo, ese proyecto ha sido cuestionado. Desde el Ayuntamiento se ha señalado que se trata de una propuesta “cara” o difícil de asumir económicamente. Sin embargo, no se ha presentado un análisis detallado que lo justifique, ni se ha comparado su coste con otras actuaciones que sí se están planteando, como el desmontaje de maquinaria o intervenciones parciales sin un destino definido. Cuestionar un proyecto por su coste es legítimo; hacerlo sin alternativas claras ni cifras sobre la mesa no lo es tanto.

Más allá del argumento económico, lo preocupante es que el proyecto se ha descartado sin un nuevo proceso de participación. No se ha vuelto a convocar a los vecinos para replantear el uso del silo, ajustar el alcance del proyecto o buscar fases asumibles. Simplemente, se ha pasado de un plan consensuado a un escenario de indefinición, en el que se habla de posibles usos futuros, alquileres o ideas aún por concretar.

En este contexto, se están tomando decisiones que van en sentido contrario a la conservación del patrimonio industrial, como el desmontaje de parte de la maquinaria interior. Estas actuaciones no solo suponen la pérdida de elementos con valor histórico y simbólico, sino también un gasto económico que resulta difícil de entender cuando, al mismo tiempo, se argumenta que el proyecto original era demasiado caro.

En varias ocasiones he manifestado públicamente mi desacuerdo con este enfoque y he pedido explicaciones claras sobre cuál es el plan real para el silo. A día de hoy, esas explicaciones no han llegado. Defender el proyecto trabajado con los vecinos no es una cuestión de capricho ni de nostalgia; es una cuestión de respeto al trabajo colectivo ya realizado y de coherencia en la gestión de los recursos públicos.

El debate no debería ser si el silo “gusta más o menos” a quien gobierna en cada momento. Debería ser cómo aprovechar un bien común de forma responsable, transparente y consensuada. Si el proyecto original no es viable, lo razonable sería explicarlo con datos, abrir de nuevo el diálogo y buscar alternativas junto a los vecinos, no actuar de espaldas al pueblo ni deshacer lo que ya estaba pensado.

El silo de Las Pedrosas merece un plan claro, realista y compartido. Recuperar la transparencia y la participación no es un obstáculo: es la única forma de convertir este edificio en una oportunidad y no en una fuente de conflicto y gasto innecesario.