Parece que a raíz de que nuestros vecinos italianos decidiesen regularizar la tributación del IBI en los espacios de culto, está surgiendo la polémica en los medios de comunicación españoles. Sí, digo bien, en los medios, porque como viene siendo habitual en los últimos años, aquí se sabe y se habla de lo que estos señores quieren y los demás nos dejamos.

La cuestión es que si se cobrase el Impuesto de Bienes Inmuebles a la Iglesia, se recaudarían alrededor de 2000 millones de euros anuales. Ahora bien, hay que analizar antes la situación actual, y a partir de ahí plantearse medidas que realmente nos lleven a sacar algo provechoso, y no andar dando palos de ciego como ya ha hecho algún Ayuntamiento cobrando por la Iglesia de su pueblo.

A esta institución, se le dota en presupuestos del Estado de una cantidad económica de cierta importancia (creo que anda por los 13 millones de euros anuales). Además, los edificios, pese a estar restaurados y mantenidos en su gran mayoría por las administraciones y los feligreses, son titularidad de la Iglesia Católica. Aquí hay que aclarar también que de no ser por estas costosas obras de consolidación y mantenimiento llevadas a cabo por toda la geografía, así a ojo posiblemente tres cuartas partes del patrimonio cultural e histórico que estas propiedades (y lo que contienen, en las que queda algo) representa, estarían ya reducidas a montones de piedras.

Viendo esto, digo yo, que sería más lógico seguir el siguiente orden para hacer las cosas medio bien, y no a las bravas:

1. Eliminar la aportación extra que se hace por parte del Estado, reduciéndola, a lo sumo, a la misma que se otorga a las ONG.
2. Replantear el tema de la titularidad de los edificios, proponiendo su cesión a los Ayuntamientos (u otras administraciones delegadas por éstos), y reservando su uso para la celebración del culto, además de otras actividades como puedan ser exposiciones, conciertos, etc.
3. Llegados a este punto, si la Iglesia no cede esta titularidad, proceder al cobro del impuesto y a una vigilancia estricta del patrimonio, procediendo, si es necesario, incluso a la imposición de sanciones por su mal uso o cuidado.