Está en boca de todos: ahora también tenemos que pagar la justicia. Era lógico que llegara esto cuando resulta que también tenemos que pagarnos la sanidad, pero un servidor se plantea una duda y no encuentra la respuesta: si la justicia, el sistema judicial, se costea a partir de las partidas presupuestarias recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, y ahora resulta que también se va  a costear con las tasas de los ciudadanos (ojo, ciudadanos, que no usuarios), ¿no es eso una doble financiación? ¿Por qué tenemos que pagar algo que ya está pagado? ¿Dónde va el dinero de las tasas? Porque si va a costear el gasto que genera el sistema judicial, entonces ¿dónde va el dinero de las partidas presupuestarias?

Este gobierno está haciendo una tarta de bizcocho sin mucha consistencia de veinte pisos de altura, y al final, el pastel se va a desbordar, resquebrajar y caer al suelo por sí mismo. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Que cuando nos metan en la cárcel nos tengamos que pagar también los costes de la reclusión? Bueno, espero no estar aportando ideas, aunque tampoco me extrañaría que lo tuvieran ya planeado.

De momento ya sabéis, a rezar a las iglesias que ahí de momento ni hay recorte en la aportación ni hay tasa (más allá del tradicional cepillo).

Un saludo.