6 de junio de 2026

Hubo un tiempo en el que el Ayuntamiento de Las Pedrosas apostó por algo poco habitual en la administración local, y más a un nivel tan pequeño: la soberanía tecnológica, el software libre y la independencia frente a las grandes multinacionales tecnológicas.

No era postureo ni una extravagancia “de informáticos”. Era una forma de entender cómo deben gestionarse los recursos públicos.

Desde hace muchos años he defendido el software libre. Participé en colectivos como GrULLA e Hispalinux, he trabajado siempre con sistemas Unix y mi ordenador personal lleva funcionando con Linux —principalmente Debian— desde hace muchísimo tiempo. Para mí no es una moda: es una filosofía basada en compartir conocimiento, aprovechar mejor los recursos y entender realmente la tecnología que utilizamos cada día.

Entre los años 2015 y 2023 trasladamos esa visión al Ayuntamiento. Se implantaron equipos con Ubuntu y durante años el funcionamiento fue perfectamente válido para un municipio pequeño como el nuestro. Se redujeron costes en licencias, se alargó la vida útil de ordenadores antiguos y se trabajó con sistemas estables y seguros.

Pero lo más importante no era ahorrar dinero.

Lo importante era la filosofía que había detrás.

El software libre permite saber cómo funciona aquello que utilizas. No dependes de una empresa que decide por ti qué puedes hacer, qué cambia en una actualización o qué información recoge tu sistema. El código está ahí, puede auditarse, revisarse y entenderse. No hay cajas negras ni procesos ocultos funcionando sin que nadie sepa exactamente qué hacen.

En cambio, el modelo de Windows y de muchas plataformas privativas es justo el contrario: sistemas cerrados, opacos y dependientes de fabricantes externos. Actualizaciones impuestas, telemetría difícil de controlar, servicios en la nube integrados por defecto y una dependencia constante de terceros para cualquier cambio o mantenimiento.

Y eso, en una administración pública, debería hacer reflexionar bastante.

Porque un ayuntamiento no debería funcionar como un cliente cautivo de grandes empresas tecnológicas. Debería tener el máximo control posible sobre sus herramientas, sus documentos y su infraestructura digital.

Durante años se demostró que otra forma de hacer las cosas era posible incluso en un pueblo pequeño. Con pocos recursos, pero con criterio. Sin grandes contratos, sin vender humo y sin necesitar estar cambiando equipos constantemente.

Sin embargo, también hubo quien decidió reducir todo aquello a burlas fáciles y desprecio. Recuerdo perfectamente cómo, en un pleno, una persona ajena al Ayuntamiento utilizó de forma despectiva la palabra “técnico” para intentar ridiculizarme. Como si entender cómo funcionan las cosas fuese algo negativo. Como si tener conocimientos, preocuparse por la tecnología pública o intentar hacer las cosas de otra manera fuese motivo de mofa.

Y eso dice mucho del problema de fondo que tenemos a veces como sociedad: se desprecia al que intenta aportar criterio, aprender o construir algo diferente, mientras se acepta con total normalidad la improvisación permanente y el “ya lo hará alguien”.

Lo irónico es que después quienes se burlaban de todo aquello acabaron impulsando precisamente el modelo más dependiente, más cerrado y más opaco posible. El de siempre. El fácil. El que entrega el control tecnológico a terceros y convierte cualquier cambio en una dependencia constante.

Con el tiempo todo aquello se desmontó. Se volvió a Windows, a la dependencia tecnológica y a meter servicios y configuraciones sin una visión clara de conjunto. Lo que se había construido con coherencia acabó desapareciendo entre inercias, ocurrencias y la falsa idea de que lo privativo es automáticamente más profesional.

Y quizá lo más triste no es abandonar Linux o el software libre. Lo triste es renunciar a la idea de que la tecnología pública también puede ser transparente, comprensible y autónoma.

Porque el software libre nunca fue solo “un sistema operativo”.

Era, es y será, una forma de hacer las cosas.