Si hay algo que toda administración debería de cuidar con recelo, es la correcta redacción, composición, puntuación y gramática, de cualquier documento que emita, a un ciudadano o al conjunto de los mismos, más aún cuando este documento se difunde.

Nuestra lengua es muy rica, de eso creo que nadie duda a estas alturas, pero es precisamente los organismos oficiales quienes deben cuidar con mimo al español, para que no se convierta en un revoltijo ilegible de ideas de tres al cuarto.

Y digo todo esto porque ayer recibí un documento, que ha sido difundido públicamente por un Ayuntamiento, y cuyo contenido, a nivel de redacción, deja mucho que desear en este aspecto.

Es totalmente inasumible que una Administración Pública haga una difusión de un documento escrito íntegramente en mayúsculas, con una puntuación inadecuada, y con alguna falta de ortografía que se nota que no son gazapos, sino desconocimiento del idioma, y eso es lo grave, porque a mí me llega un mensaje de este tipo y me crea serias dudas de quién está detrás, o quién ha hecho que eso se difunda con esas características.

Es como ir a una boda con la ropa de haber estado todo el día limpiando el gallinero, que se puede hacer, pero no es correcto. Y si quien lleva ese atuendo es quien celebra la ceremonia, o quien se casa, pues fíjate el panorama.

No se debe permitir bajo ningún concepto este tipo de situaciones, y debemos de ser pulcros y exigentes con nuestras instituciones en este aspecto: no se nos puede enviar un documento escrito íntegramente en mayúsculas, porque además de descortés por las connotaciones que conlleva, es más difícil y lento de leer, y no es correcto, tal y como ya ha explicado la RAE en varias ocasiones (enlace).

Así pues, de igual forma que los ciudadanos debemos exigir esa pulcritud en las comunicaciones, que además deberían ser comprensibles y utilizar un registro apto para todos, también hay que hacer un llamamiento a las instituciones para que cuiden con mimo la forma en que se comunican.